Este fallo podría afectar el proceso con ex 'paras, pues obliga al Estado a investigar y castigar a los responsables. Salvatore Mancuso fue condenado por El Aro.
Diez años después de ocurridas las masacres de La Granja y El Aro, dos corregimientos de Ituango (Antioquia), en la que murieron 19 personas a manos de las Auc, la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió que el Estado colombiano deberá responder por esos hechos.
El fallo, conocido ayer por EL TIEMPO, se tomó por decisión unánime de seis jueces sobre la demanda presentada por el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos y la Comisión Colombiana de Juristas.
En su parte resolutiva, la sentencia dice que el Estado es responsable de la violación al derecho a la vida, del desplazamiento forzado de campesinos, de los vejámenes a que fueron sometidos los habitantes, debido a que no tomó las medidas necesarias para evitar lo ocurrido o detener al grupo armado ilegal que perpetró las masacres, a través de los miembros de la Fuerza Pública y autoridades que hacían presencia en la región.
La masacre de La Granja ocurrió el 11 de junio de 1997, cuando 22 paramilitares irrumpieron en el corregimiento, ordenaron el cierre de establecimientos públicos y asesinaron de manera selectiva a cuatro campesinos.
La Corte dijo que las pruebas demostraron que los 'paras' pasaron por la zona de Chapineros luego de que un retén del Ejército fue levantado.
El otro hecho ocurrió el 25 de octubre de 1997. Los paramilitares atacaron el corregimiento El Aro, también en Ituango, reunieron a los habitantes en el parque central y asesinaron a 15 habitantes.
Los dos casos ocurrieron cuando el presidente Álvaro Uribe ocupaba la Gobernación de Antioquia. Al respecto, voceros del Gobierno Nacional han señalado que la actuación de los funcionarios de la Gobernación fue examinada por organismos como la Procuraduría, que no encontró ninguna actuación irregular.
La indemnización
El fallo también ordenó el pago de una indemnización de cerca de un millón 426.000 dólares a los familiares de las víctimas, un poco más de 3.500 millones de pesos.
Igualmente, la sentencia le ordena al Estado que ponga en marcha un plan de vivienda para los damnificados de ambas poblaciones y les garantice un plan de retorno seguro a los habitantes que huyeron después de las masacres y se convirtieron en desplazados.
La Corte insta además al Estado a pedir perdón público por lo ocurrido y a publicar el pronunciamiento en el diario oficial y en un diario de circulación nacional.
La Corte decide, así mismo, que Colombia debe hacer todo lo que esté a su alcance para que los órganos judiciales reactiven las investigaciones, con el fin de determinar y castigar a los autores de las masacres y de las personas o funcionarios públicos responsables por acción y por omisión.
En cuanto a los procesos judiciales, el tribunal hace una recomendación al Estado colombiano que podría tener consecuencias en el actual proceso con el ex jefe 'para' Salvatore Mancuso.
Según la Corte, el Estado debe "remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad", lo que es interpretado por algunos como no beneficiar con legislación especial a personas halladas responsables de crímenes de lesa humanidad.
Mancuso fue condenado por un tribunal de Antioquia, en abril del 2003, a 40 años de cárcel por la masacre de El Aro, y si se le aplica la ley de Justicia y Paz solo pagará máximo 8 años de cárcel. La pregunta es si la Corte Interamericana considerará suficiente ese castigo.
Las otras condenas
1. Muerte de Isidro Caballero. Ocurrida en 1989, en Cesar. La Corte dijo que fue desaparecido por el Ejército y que el Estado debe continuar investigando.
2. Las Palmeras. Muerte de un niño y otras seis personas en Putumayo en una operación de la Policía. El tribunal declaró responsable al Estado.
3. Muerte de 19 comerciantes. En Puerto Boyacá en 1987. La Corte dijo que los paramilitares que la cometieron fueron apoyados por militares.
4. Mapiripán. Al menos 49 personas asesinadas por las Auc en el Meta. La Corte ordenó continuar las investigaciones y castigar a los responsables.
5. Caso Gutiérrez Soler. Detenido ilegalmente por la Policía y torturado. Halló responsable al Estado y ordenó medidas para evitar estos casos.
6. Pueblo Bello. Asesinato de 6 personas y desaparición de 37. Ordenan al Estado colombiano indemnizar a los familiares de las 43 víctimas con US$ 2,73 millones.
Más decisiones del fallo de la Corte
El Estado deberá realizar las acciones necesarias para garantizar las condiciones de seguridad para que los ex habitantes de los corregimientos de El Aro y La Granja, que se hayan visto desplazados, puedan regresar sus tierras.
En un acto público, el Estado deberá reconocer su responsabilidad internacional por las dos masacres, esto con presencia de altas autoridades.
Un plan de vivienda, mediante el cual se dote de viviendas adecuadas a aquellas víctimas sobrevivientes que perdieron sus casas y que así lo requieran, deberá poner en marcha el Estado.
Fijar una placa en un lugar público apropiado en La Granja y El Aro, con el objeto de que las nuevas generaciones se enteren de los hechos que dieron lugar al fallo de la Corte Interamericana de DD.HH..
Implementar, en un plazo razonable, según la Corte, programas de educación en derechos humanos y derecho internacional humanitario permanentes en las Fuerza Pública colombiana.
Publicar, en el plazo de seis meses, en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, por una sola vez, el capítulo relativo a los hechos probados y la parte resolutiva del fallo sobre El Aro y La Granja.
Plata para reparación a las víctimas sigue bajando
El indicador de recursos disponibles para reparar a las víctimas de las autodefensas sigue a la baja.
Al anuncio de que los paramilitares desmovilizados solo entregarían unas 30 mil hectáreas al Estado, se suma ahora una disposición adoptada por el Gobierno en el reglamento interno del Fondo para la Reparación de las Víctimas que limita los aportes del Presupuesto Nacional a una participación "evidentemente asistencial y de solidaridad pública".
EL TIEMPO tuvo acceso al documento, que marca la ruta para empezar la reparación.
Establece, por ejemplo, que los bienes que pasen al Fondo podrán ser arrendados o incluso vendidos, para evitar que su manejo se vuelva una carga para el Estado mientras vuelven a sus dueños o son asignados a reparación.
Pero algunas de las previsiones plantean la posibilidad de que muchas víctimas se queden sin atención, por física falta de recursos.
La Ley de Justicia y Paz puso desde el primer momento el peso de la reparación en los miembros de los grupos ilegales. Pero en el mismo Gobierno se daba por descontado que, dada la cantidad de personas afectadas, iba a ser necesaria la destinación de recursos del Estado.Los 'paras' se habían comprometido con el Gobierno a una devolución inicial de al menos 100 mil hectáreas, y se estima que ellos y los 'narcos' se apropiaron de entre dos y cuatro millones de hectáreas.
Tomado de la Edición Virtual de El Tiempo.
Ramiro Rodríguez O.
